EL ESTADO COMO AVALISTA DEL RENTISMO

 De cuando el Gobierno confunde el derecho a la vivienda con una deducción fiscal

La medida estrella anunciada por el Gobierno el 12 de enero no es una política de vivienda. . Es una política de tranquilidad para propietarios rentistas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de afrontar la emergencia habitacional es bonificar al 100% en el IRPF a quienes no suban el alquiler. Es decir, compensar con dinero público lo que el mercado no les permite exprimir.

No existe ningún principio de justicia social que justifique regalar ventajas fiscales a quien ya obtiene rentas por el mero hecho de poseer una vivienda. Menos aún cuando hablamos de ingresos recurrentes que, en muchos casos, superan con holgura los 12.000 euros anuales por un solo piso. No es una ayuda para sobrevivir. Es una garantía de beneficio.

El relato oficial habla de “ganamos todos”. Pero no todas las personas ganan lo mismo ni por las mismas razones. Ganan los propietarios porque el Estado asume el coste de su “moderación”. Ganan los grandes fondos porque el mensaje político es claro: la rentabilidad inmobiliaria está protegida pase lo que pase. Y pierde la mayoría social que, una vez más, ve cómo la vivienda se gestiona desde la lógica del incentivo al capital, no desde la del derecho.

No es casualidad que la principal preocupación del Ejecutivo sea que los rentistas “no pierdan dinero”. No se habla de garantizar alquileres estables como derecho exigible. Se habla de tranquilizar al mercado. La vivienda, otra vez, no como bien de uso sino como activo financiero que conviene cuidar con mimo institucional.

DERECHOS PARA DESPUÉS

El Gobierno insiste en que no quiere enfrentar a inquilinas e inquilinos con propietarios y propietarias. Pero esa equidistancia es tramposa. Porque no existe simetría entre quien necesita un techo para vivir y quien extrae renta de ese techo. Fingir que ambos intereses pesan lo mismo es una forma sofisticada de tomar partido.

Mientras se anuncian deducciones fiscales a rentistas, no se aprueba una prórroga obligatoria de los contratos, ni una congelación efectiva de precios, ni un control real de los grandes tenedores. Las propuestas que iban en esa dirección han quedado arrinconadas.

El Ejecutivo responde hablando de fraude en los alquileres de temporada y de habitaciones. Es positivo poner límites. Pero no confundamos la periferia con el núcleo del problema. El fraude no es la causa estructural de la crisis de vivienda. La causa es un modelo que ha convertido el acceso a un hogar en un mercado tensionado por la especulación y blindado por el poder político.

Se anuncia una empresa pública de vivienda, se citan 10.700 viviendas futuras, se promete ser “implacables”. Pero el presente importa más que las promesas a medio plazo. Y el presente vuelve a favorecer a quienes ya tienen.

UNA EXTRAÑA REDISTRIBUCIÓN

En términos estrictos, la medida supone una merma en la recaudación pública. Es decir, la sociedad paga dos veces: como inquilina, a través del alquiler, y como contribuyente, a través de los impuestos que dejan de recaudarse. Ese dinero no desaparece. Se transfiere.

El problema no es individual, es estructural. Un Estado que decide incentivar el rentismo está tomando partido por una forma concreta de organizar la economía y la vida. Y esa forma tiene consecuencias: precariedad residencial, expulsión de vecindarios, miedo a renovar contrato, imposibilidad de planificar una vida.

Decir que así “ganamos todos” es una forma elegante de ocultar que la vivienda sigue sin tratarse como un derecho exigible.

La crisis de vivienda no se resuelve pidiendo por favor a quien especula ni compensándole por no hacerlo. Se resuelve limitando el poder del rentismo y colocando el derecho a vivir por encima del derecho a extraer renta, aunque eso incomode, aunque eso tenga costes políticos, aunque eso obligue a elegir bando.