De cuando el Gobierno confunde
el derecho a la vivienda con una deducción fiscal
La
medida estrella anunciada por el Gobierno el 12 de enero no es una política de
vivienda. . Es una política de tranquilidad para propietarios rentistas. El
Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de afrontar la
emergencia habitacional es bonificar al 100% en el IRPF a quienes no suban el
alquiler. Es decir, compensar con dinero público lo que el mercado no les
permite exprimir.
No
existe ningún principio de justicia social que justifique regalar ventajas
fiscales a quien ya obtiene rentas por el mero hecho de poseer una vivienda.
Menos aún cuando hablamos de ingresos recurrentes que, en muchos casos, superan
con holgura los 12.000 euros anuales por un solo piso. No es una ayuda para
sobrevivir. Es una garantía de beneficio.
El
relato oficial habla de “ganamos todos”. Pero no todas las personas ganan lo
mismo ni por las mismas razones. Ganan los propietarios porque el Estado asume
el coste de su “moderación”. Ganan los grandes fondos porque el mensaje
político es claro: la rentabilidad inmobiliaria está protegida pase lo que
pase. Y pierde la mayoría social que, una vez más, ve cómo la vivienda se
gestiona desde la lógica del incentivo al capital, no desde la del derecho.
No
es casualidad que la principal preocupación del Ejecutivo sea que los rentistas
“no pierdan dinero”. No se habla de garantizar alquileres estables como derecho
exigible. Se habla de tranquilizar al mercado. La vivienda, otra vez, no como
bien de uso sino como activo financiero que conviene cuidar con mimo
institucional.
DERECHOS PARA DESPUÉS
El
Gobierno insiste en que no quiere enfrentar a inquilinas e inquilinos con
propietarios y propietarias. Pero esa equidistancia es tramposa. Porque no
existe simetría entre quien necesita un techo para vivir y quien extrae renta
de ese techo. Fingir que ambos intereses pesan lo mismo es una forma
sofisticada de tomar partido.
Mientras
se anuncian deducciones fiscales a rentistas, no se aprueba una prórroga
obligatoria de los contratos, ni una congelación efectiva de precios, ni un
control real de los grandes tenedores. Las propuestas que iban en esa dirección
han quedado arrinconadas.
El
Ejecutivo responde hablando de fraude en los alquileres de temporada y de
habitaciones. Es positivo poner límites. Pero no confundamos la periferia con
el núcleo del problema. El fraude no es la causa estructural de la crisis de
vivienda. La causa es un modelo que ha convertido el acceso a un hogar en un
mercado tensionado por la especulación y blindado por el poder político.
Se
anuncia una empresa pública de vivienda, se citan 10.700 viviendas futuras, se
promete ser “implacables”. Pero el presente importa más que las promesas a
medio plazo. Y el presente vuelve a favorecer a quienes ya tienen.
UNA EXTRAÑA REDISTRIBUCIÓN
En
términos estrictos, la medida supone una merma en la recaudación pública. Es
decir, la sociedad paga dos veces: como inquilina, a través del alquiler, y
como contribuyente, a través de los impuestos que dejan de recaudarse. Ese
dinero no desaparece. Se transfiere.
El
problema no es individual, es estructural. Un Estado que decide incentivar el
rentismo está tomando partido por una forma concreta de organizar la economía y
la vida. Y esa forma tiene consecuencias: precariedad residencial, expulsión de
vecindarios, miedo a renovar contrato, imposibilidad de planificar una vida.
Decir
que así “ganamos todos” es una forma elegante de ocultar que la vivienda sigue
sin tratarse como un derecho exigible.
La
crisis de vivienda no se resuelve pidiendo por favor a quien especula ni
compensándole por no hacerlo. Se resuelve limitando el poder del rentismo y
colocando el derecho a vivir por encima del derecho a extraer renta, aunque eso
incomode, aunque eso tenga costes políticos, aunque eso obligue a elegir bando.
