Hospital privatizado de Torrejón (Madrid). Lo que opinaría Aristóteles.

La lógica de los negocios, cuando se introduce en los asuntos humanos más fundamentales, es un principio criminal, es decir, lo es de forma esencial, por su propia naturaleza.

Aristóteles diagnosticó el problema de una manera impactante que debería retumbar entre
nosotros como cuando retorna lo reprimido. El mayor enemigo de la ciudad, de la polis, nos dijo es la hybris, la desmesura, la falta de límites, lo que no tiene fin ni conclusión. El infinito, en resumen, es el peor enemigo que amenaza la vida republicana. Se puede decir que Aristóteles estaba descubriendo en esos momentos lo que ahora nosotros llamamos “economía” y que él llamó “crematística”. 

Un médico, nos dice, persigue la salud de su paciente. Su tarea concluye satisfactoriamente cuando este sana. Por eso es muy importante que el médico no cobre dinero por sus servicios o que, como ocurre hoy en día en la sanidad pública, cobre un sueldo fijo del Estado. Porque si el médico comienza a cobrar por sus curaciones, se inicia entonces un proceso que no tiene por qué tener fin, pues el fin ya no es la salud, sino la ganancia. Y el ansia de ganancia no tiene por qué detenerse nunca, de modo que la salud o la enfermedad se convierten en medios para seguir haciendo negocios. La medicina busca la salud, pero la economía puede estar interesada en cronificar la enfermedad para seguir con sus negocios. Sobre una base semejante, la ciudad sería infestada por el infinito y destruida por la peor enfermedad de la política: la hybris, la pretensión humana de actuar como los dioses. Y como dice Aristóteles, los dioses, siendo como son inmortales, no necesitan tener amigos, ni dependen de ningún cuidado. No necesitan de médicos, ni, en realidad, pertenecen a ninguna ciudad, a ninguna sociedad.

Aristóteles alertó de este grave peligro para la ciudad. Pero ni en la peor de sus pesadillas habría imaginado un mundo como este, en el que todo gravitara en torno a la crematística, del mercado, un mundo en el que ya no hubiera ciudadanos, sino tan sólo clientes y fondos de inversión. Un mundo en el que la “economía” ha cobrado vida propia y tiene ya su propio metabolismo, que en absoluto coincide más que por casualidad con el de la sociedad y los seres humanos que la componen.

Extracto del artículo Hospital privatizado de Torrejón (Madrid). Lo que opinaría Aristóteles. Carlos Fernández Liria -Filósofo- (eldiario.es), 9 de Diciembre de 2025

Artículo completo en: https://gerardodelval.com/2025/12/09/hospital-privatizado-de-torrejon-madrid-lo-que-opinaria-aristoteles/

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA VIVIENDA?

 

Carolina Cordero. Coordinadora de IU Madrid
Responsable Federal de Vivienda de IU
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Vivimos la segunda crisis de vivienda en lo que va de siglo. En la primera crisis, cientos de miles de personas fueron desahuciadas y arruinadas. Ahora varios millones sufren la carestía del alquiler sin apenas escapatoria, miles de jóvenes no pueden emanciparse y cada vez más sectores de la población adulta deben compartir piso sin desearlo. Mientras, continúan los desahucios de quienes menos pueden defenderse, a manos de jueces que se saltan la ley. En muchos barrios repunta el hacinamiento y la infravivienda.

Pero, ¿por qué está pasando esto? La población y los hogares han crecido mucho en las ciudades y zonas turísticas, pero el número de viviendas no. Además parte de ellas, ahora son pisos turísticos. La llegada de trabajadores migrantes a estas zonas se suma a los sectores más precarios de la clase trabajadora que ya vivían en ellas. Cada vez más gente solo puede acceder a la vivienda a través del alquiler. Este desequilibrio está provocando el aumento de la carestía y la penuria de la vivienda. Nada nuevo bajo el capitalismo.

Esta situación está acelerando cambios estructurales en el modelo de vivienda guiados por el interés del capital. Gracias a mejores salarios y a la masiva construcción de VPO hasta los años 90, y después, al acceso al crédito, en 1999, el 86% de los hogares disponía de vivienda en propiedad, máximo histórico. En 2023, apenas el 75%. Cada vez más hogares viven de alquiler, pasando del 14% al 18% en 20 años, lo que indica que aumenta el número de multipropietarios. Cada vez más viviendas vuelven al ciclo del capital para extraer beneficios, cuatos más, mejor.

Este proceso de acaparamiento de viviendas tuvo un impulso importante tras la Gran Crisis iniciada en 2008. Más de 1 millón de viviendas están en manos de grandes tenedores, contando solo quienes poseen 10 o más viviendas, por lo mucho más de un tercio de las viviendas en alquiler están en manos de grandes o medianos capitalistas. Desde 2012 proliferan las SOCIMIS, capital dedicado a comprar - también a construir - viviendas para alquilar, sin pagar impuesto de sociedades. Se suman a bancos y fondos de inversión y promotoras que comienzan a construir o a comprar para alquilar no para vender.

El capital va a por las viviendas. Tanto que bancos y aseguradoras persuaden a la generación del “baby boom” para que “monetice su vivienda”. Los mismos que siembran pánico sobre la okupación y dudas sobre las pensiones públicas, con el objetivo de privatizarlas junto con la sanidad, y que hacen negocio con las residencias de la tercera edad. “Dame la casa y tendrás una jubilación tranquila”, dicen los buitres. La casa la compran barata, los cuidados los venden muy caros. El capital quiere hacerse con el inmenso patrimonio inmobiliario acumulado por generaciones de la clase obrera, pagado con sus salarios, y con sus impuestos que financiaron la VPO.

Estas viviendas en propiedad están cada vez más infraocupadas. Más de cinco millones de hogares unipersonales, casi el 25%. En el extremo opuesto prolifera el hacinamiento, el alquiler de habitaciones, la infravivienda. Y el capital vocifera: ¡A construir más barrios! ¡Ciudades más grandes! ¡Subvenciones a mí! Pero con discreción, acapara las viviendas que existen en el centro de las ciudades para convertirlas de nuevo, en mercancía, expulsando a quienes viven de alquiler o comprando barato para alquilar caro. Es el nuevo viejo modelo: propietarios VS proletarios.

Hay que preguntarse, ¿quién va a dirigir la gran y necesaria reforma y ampliación del parque de vivienda y de las ciudades del país? ¿El capital para enriquecerse o la sociedad para garantizar el derecho a la vivienda digna, a la ciudad y al país digno? A la vista de la historia, lo tenemos claro: la vivienda debe ser una infraestructura pública para atender las necesidades sociales de forma justa y democrática, no una mercancía que se compra y se vende.

Esta es la línea maestra: ampliar el parque público de vivienda para alquiler social por todas las vías posibles y para su gestión crear un sistema de asignación según criterios sociales y ecológicos, mediante procesos democráticos y participativos, con el objetivo de la ciudad de los 15 minutos.

¿Hay que construir viviendas y ampliar las ciudades para superar la crisis?

La clave es la planificación pública y democrática. Solo hay que construir si es menos costoso que adquirir viviendas y edificios, reformar, adaptar, rehabilitar. Por ejemplo, para crear soluciones habitacionales y de cuidados para personas dependientes, en la estrategia de desinstitucionalización.

Hay que descentralizar instituciones para descargar población de las grandes ciudades: el camino opuesto a la megalópolis, insostenible desde el punto de vista medioambiental, de salud y de cuidados. Igualmente hay que generalizar un modelo de vivienda dotado de bienes y espacios comunitarios para socializar y profesionalizar tareas domésticas, lo que permitirá ahorrar energía y materiales, reducir el desperdicio alimentario, generalizar el consumo de km O, con obvios beneficios sociales y ecológicos.

Artículo de Mundo Obrero Marzo 2025

SOBRE LAS DECLARACIONES DEL CEO DEL HOSPITAL DE TORREJÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Las declaraciones del CEO del hospital de Torrejón de la Comunidad de Madrid, qu e pertenece a la empresa Ribera Salud de la multinacional francesa Vivanto Santé, han escandalizado a los medios de comunicación, con un  gran impacto en la opinión pública.  Sin embargo, para la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública nada hay en estas declaraciones que nos mueva a la sorpresa.

Obtener beneficios y  hacer negocio, está en la naturaleza misma  de las empresas con ánimo de lucro, con independencia del sector de la economía a la que pertenezcan. En el ámbito de la  sanidad, la rentabilidad económica, implica  lo que se conoce en términos técnicos, como ”selección de riesgos” o “selección adversa”, es decir, seleccionar a los pacientes y las patologías que son rentables y rechazar aquellas otras que no lo son. En otras palabras, lo que dice el CEO es un ejercicio de sinceridad poco habitual, pero totalmente lógico desde una perspectiva empresarial. A nadie informado le debería de  llamar la  atención. 

En segundo lugar, el hospital de Torrejón pertenece a la famosa colaboración público- privada (PPP por sus siglas en inglés) promovida en su día por Margaret Thatcher y seguida con entusiasmo por Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso. Un modelo que está  bajo el amparo de la anacrónica Ley 15/1997 y que consiste en introducir  lo privado en el interior del sector público. Lo público pone el dinero y lo privado gestiona y hace negocios.

Una maraña de difícil o imposible regulación, que en la práctica ha fracasado en otros países y que, en última instancia,  es una forma  despiadada de parasitación del sector público en favor del  beneficio privado.

En una sociedad de mercado como la que tenemos, no se puede prohibir el ánimo de lucro en el sector sanitario, pero no se ha de olvidar que la salud es un derecho y no un negocio, y la defensa de este derecho debería de comprometer inexcusablemente a las instituciones públicas.

4 de diciembre 2025

Federación de Asociaciones para a Defensa de la Sanidad Pública

HOYO DE MANZANARES: TASA DE BASURAS, UNA NUEVA MANIOBRA OPACA DEL GOBIERNO PP/VOX

 

PP/VOX: falta de transparencia
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·        Izquierda Unida exige la publicación íntegra del informe técnico y del informe económico completo para el cálculo de la tasa de la nueva ordenanza de basuras, así como la apertura de un nuevo periodo de información pública.

El 2 de diciembre finaliza el plazo para que los vecinos y vecinas de Hoyo de Manzanares presenten sus alegaciones a la nueva tasa de basuras aprobada por el equipo de gobierno del Partido Popular y VOX. Todo apunta a que el número de alegaciones será significativo.

Para Izquierda Unida, resulta lógico que muchos vecinos se opongan a una tasa que no refleja la realidad del servicio de recogida de residuos urbanos en el municipio y cuyo expediente, además, no ha sido publicado íntegramente en el Portal de Transparencia, para su evaluación por la ciudadanía, como exige la ley.

Izquierda Unida denuncia que la falta de acceso completo al expediente ha impedido que, dentro de los 30 días establecidos desde su publicación en el BOCM, la ciudadanía pudiera estudiar la documentación y preparar alegaciones fundamentadas. En otras palabras, el gobierno municipal ha obviado la obligación de garantizar la publicidad y exposición pública necesarias para que los vecinos puedan informarse y ejercer su derecho a alegar. Para Izquierda Unida, esto constituye “una nueva maniobra de oscurantismo y falta de transparencia” por parte del gobierno de PP y VOX, cuyo efecto es obstaculizar el control democrático que pueden ejercer los vecinos sobre las decisiones municipales, vulnerando así su derecho de acceso a la información.

La Unión Europea exige que la tasa de basuras cubra el coste real del servicio de recogida de residuos urbanos. Sin embargo, Izquierda Unida sostiene que la no publicación íntegra del expediente impide conocer cómo ha calculado el Ayuntamiento ese coste: qué partidas ha incluido y con qué criterios. Entre la escasa documentación disponible, se ha detectado la inclusión del coste de la máquina quitanieves y de la limpieza viaria, servicios que no forman parte de la recogida de basuras sino del mantenimiento de viales.

Para Izquierda Unida, esto evidencia un afán recaudatorio adicional. Recuerdan además que en 2024 se cobró una tasa que aumentaba un 274% la anterior, pero que el contrato por el que se daría el servicio que provocaba dicho incremento no se firmó hasta finales de ese año 2024, lo que permitió al gobierno local recaudar cerca de 500.000 euros adicionales cuyo destino no ha sido aclarado.

Por otro lado, la ordenanza propuesta no contempla bonificaciones ni medidas que incentiven la separación de residuos por fracciones, ni reconoce a los numerosos vecinos que ya participan en programas de compostaje doméstico o comunitario, una medida que sería coherente con las prácticas ambientales actuales.

Izquierda Unida exige al equipo de gobierno la publicación completa de la ordenanza y del expediente, la apertura de un nuevo periodo de alegaciones y la elaboración de un informe económico realista y no meramente recaudatorio. Asimismo, reclama que la nueva ordenanza incluya medidas para fomentar la reutilización, el retorno y el reciclaje.

EL PATRONATO DE PROTECCIÓN A LAS MUJERES. UNA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EVIDENTE.

El Patronato de Protección a la Mujer fue un sistema represivo que el franquismo 
utilizó durante décadas (1941- 1975, aunque disuelto en 1985) para controlar y subyugar a las mujeres que osaban saltarse las reglas de lo que se entendía que debía ser el prototipo moral de mujer del régimen franquista.

Años antes los avances que la II República habían supuesto para la vida de las mujeres el disfrute de una libertad hasta antes no conocida y que suponía salir de los fogones y disfrutar de su plena autonomía como ciudadanas. Sin embargo, con la llegada del franquismo, esta libertad se vio repentinamente abortada. El régimen franquista abolió nuestras libertades subyugándonos a las decisiones de los maridos, padres o hermanos y forzándonos a ser obedientes y serviles.  

El Patronato, con el teórico fin de combatir la prostitución, reclutaba adolescentes poco dóciles, a mujeres que consideraban que tenían conductas inmorales o que corrían el riesgo de serlo, solteras embarazadas, lesbianas, víctimas de violación  u otras características que no encajaban con el nacional-catolicismo. Estas mujeres eran denunciadas por vecinos, por clérigos, por los propios padres cuando no podían con su rebeldía; las celadoras voluntarias también recorrían los lugares donde podían cometerse actos impuros y se procedía a la denuncia a la policía.

Los centros del Patronato, dependientes del Ministerio de Justicia, y regentados por órdenes religiosas femeninas,  operaban como un sistema penitenciario oculto donde las mujeres eran internadas sin juicio sufriendo trabajos forzados, abusos y la separación de sus hijos. A las mujeres solteras que quedaban embarazadas, se las trasladaba a una maternidad y, con mucha frecuencia eran obligadas a dar a sus hijos, bajo presiones y falsas adopciones, a matrimonios adinerados, es decir, estos centros formaban parte de la trama de bebés robados.

En el Patronato se ejerció un férreo control sobre multitud de adolescentes y mujeres que se atrevieron a cuestionar las rígidas normas de moralidad que les fueron impuestas. Controlaban su cuerpo y su mente. La formación que recibían era el adoctrinamiento del nacionalcatolicismo.

Lo llamativo del caso es que el Patronato de Protección a la Mujer haya perdurado tantos años después de la Transición y que no se haya sabido nada de esto hasta hace muy poco, cuando alguna de las víctimas, periodistas e historiadoras  han puesto en evidencia la represión que sufrieron. Muchas mujeres no hablaron por el estigma social que suponía haber estado internadas en el Patronato y  por miedo a las represalias. El terror vivido se refleja en las muertes por suicidio que se produjeron en los conventos y en el hecho de que todavía algunas víctimas todavía sufran estrés postraumático.

La Democracia tiene el deber moral de resarcir el sufrimiento de estas mujeres reconociendo que fueron víctimas de la represión franquista e incluirlas como se merecen  dentro de la Ley de Memoria Histórica, y ese debe ser nuestra reivindicación para con estas mujeres vejadas.

Ahora que vemos cómo se acercan, cada vez con más intensidad, los postulados reaccionarios que quieren volver a dominarnos,  debemos reaccionar frente a los intentos de la derecha y ultraderecha para que volvamos a ser mujeres dóciles y obedientes, a admitir que el hombre es quien tiene el `poder y a estar calladitas y en casa. Por eso, debemos levantarnos frente a quienes nos quieren tapar la boca y apagar nuestra voz.    

Es importante acordarnos de las mujeres que sufrieron las consecuencias del Patronato, reivindicarlas como víctimas y luchar para que la historia no se repita porque si no, puede que volvamos a tener que cuidar mucho lo que hacemos y lo que decimos. Tiempo al tiempo.

https://www.instagram.com/reel/DK4ruMrNtRg/ 

COP30: EL CAPITALISMO NO ES, NI SERÁ, VERDE

Las personas trabajadoras y los pueblos son las primeras víctimas de la degradación

ambiental y de los impactos del cambio climático. La naturaleza explotadora, opresiva, agresiva y depredadora del capitalismo se expresa cada día en el empeoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos, en la amenaza de guerra y en la degradación del medio ambiente. 

Ya sea en forma de energía inaccesible; los precios de los alimentos en el supermercado que suben y bajan al ritmo de los acontecimientos globales; la inseguridad laboral; viviendas de mala calidad, inadecuadas para proteger a las personas trabajadoras del calor o del frío extremos; o la amenaza de la guerra.

Lo que antes eran acontecimientos excepcionales —olas de calor y mega incendios interminables, tormentas extremas e inundaciones catastróficas, sequías y desertificación creciente— se ha vuelto más frecuente y sus impactos se agravan por la lógica del planeamiento territorial basada en la maximización del beneficio. La desertificación se expande, los incendios arrasan con mayor frecuencia y ferocidad. La naturaleza lanza alarmas; las extinciones masivas y la pérdida de comunidades por la subida del nivel del mar ya están en marcha.

Esto no se debe a “fallos del mercado”, a la “mala gestión” de un político o a una “conspiración empresarial”. Este colapso acelerado se deriva de la propia naturaleza del sistema económico actual: un sistema construido sobre el trabajo de la mayoría, con todas las ganancias capturadas por una minoría que dicta la producción y la inversión. Para sobrevivir a la competencia, las empresas sacrifican las necesidades sociales y ecológicas para maximizar beneficios. Todo es prescindible: los salarios de las personas trabajadoras, los ecosistemas, comunidades enteras. El resultado aparece en dos tendencias contradictorias.

La naturaleza es tratada simultáneamente como recurso gratuito y como vertedero, mientras cada aspecto de la vida —incluida la propia naturaleza— es mercantilizado. La destrucción ambiental se convierte en otra oportunidad de negocio. Cuando un río se contamina, su limpieza pasa a ser un nicho de mercado. Lejos de proteger los ecosistemas, esta lógica los subordina a la rentabilidad. Los cambios en curso como resultado de la contaminación por carbono se ven agravados por el desdén general del capitalismo hacia el medio ambiente: los efectos acumulados de los ataques a la fauna, a nuestras aguas y mares, y al aire que respiramos.

Estos impactos son globales, pero no se soportan por igual. Las multinacionales y los grupos económicos, respaldados por las grandes potencias capitalistas, explotan a los países menos poderosos mediante la depredación de sus recursos, la externalización de la contaminación y el vertido de residuos tóxicos. Mientras tanto, la propaganda nos culpa a nosotros, como si las personas eligieran libremente el transporte que usamos, los alimentos que podemos permitirnos, los lugares donde vivimos o los trabajos que debemos aceptar para sobrevivir. La culpa recae en un sistema que no nos ofrece alternativas reales. En cambio, se hace pagar a la clase trabajadora por la “protección ambiental” mediante impuestos al combustible y la electricidad, mientras las élites contaminantes vuelan en jets privados y corporaciones como TotalEnergies, Shell y los grandes bancos no solo abandonan los objetivos climáticos, sino que ganan millones de euros con soluciones falsas e incluso contraproducentes como el mercado de licencias de carbono. Las comunidades se ven forzadas a una elección cruel: someterse a industrias contaminantes o afrontar el desempleo y la desesperación.

En todo el mundo, la masa política se desplaza cada vez más hacia la derecha y, a medida que lo hace, el discurso niega crecientemente la evidencia del cambio climático y del colapso ambiental. Hay razones para ello: primero, para aglutinar apoyo de la clase trabajadora contra la acción climática presentando la preocupación climática como “woke”, una preocupación burguesa y afectada; segundo, para desviar el debate sobre quién tiene la responsabilidad, los costes y las reparaciones; y, por último, para proteger oportunidades de beneficio.

DECLARACIÓN CONJUNTA ANTE LA CELEBRACIÓN DE LA COP30 Entre el 10 y el 25 de noviembre próximos se está celebrando en Belém (Brasil) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). En paralelo, y apoyados por el Gobierno de Brasil, se celebrará en la misma ciudad la Cumbre de los Pueblos. El PCE, junto a los Partidos hermanos Partido Comunista Portugués, Partido Comunista de Francia, Partido del Trabajo de Bélgica y Partido Comunista de Gran Bretaña han firmado una declaración conjunta a la que pertenece este extracto

HOYO DE MANZANARES: OPACIDAD, DENUNCIAS Y CONTRATACIONES IRREGULARES EN EL AYUNTAMIENTO

Para Izquierda Unida el hecho de que PP/VOX se haya asegurado la mayoría en el Pleno no oculta el creciente deterioro ético y administrativo del actual equipo de gobierno.

El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, presidido por Victoria Barderas (PP) y gobernado en coalición con VOX, sigue acumulando polémicas pese a conservar la mayoría absoluta tras la salida de dos concejales —uno del PP y otro de VOX—. La concejala popular que abandonó el gobierno renunció a su acta, lo que permitió la entrada del siguiente en la lista del PP y evitó la pérdida de la mayoría. Sin embargo, la estabilidad numérica no oculta el creciente deterioro ético y administrativo del actual equipo de gobierno.

Desde 2023, la alcaldesa se niega a entregar a la oposición las facturas municipales, incumpliendo de forma reiterada los principios de transparencia y control público del gasto. A ello se suma su negativa a permitir la fiscalización de los gastos efectuados con su tarjeta oficial, un gesto que ha intensificado las sospechas sobre la opacidad en el manejo de fondos públicos.

El Defensor del Pueblo ha intervenido en varias ocasiones, instando al Ayuntamiento a devolver las subidas de sueldo ilegales que se aprobaron a sí mismos por decreto (y eso que ya tenían los sueldos mas abultados de la historia de Hoyo…); el Defensor del Pueblo también ha exigido la publicación de la ejecución del presupuesto, que sólo la hizo pública tras su requerimiento formal.

A ello se suma la denuncia presentada por la Fiscalía por presunta prevaricación, derivada de contrataciones de personal supuestamente ilegales realizadas bajo el mandato de Barderas. Según la documentación fiscal, el consistorio habría incurrido en irregularidades en la selección y nombramiento de personal temporal.

La gestión económica tampoco escapa a la controversia: casi tres millones de euros de gasto municipal se han ejecutado sin licitación en un año, recurriendo de forma generalizada a prórrogas de contratos menores, práctica que vulnera los principios de libre concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública.

Mientras el gobierno local insiste en que “todo está dentro de la legalidad”, los hechos apuntan a una administración marcada por el oscurantismo, la falta de control y el desprecio a las instituciones de fiscalización.