Tras más de cuatro
años de reuniones, la Comisión permanente no legislativa de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado el viernes 23 de
octubre su informe para la reforma del sistema público de pensiones. Informe
que os grupos políticos, excepción hecha de VOX votaron favorablemente en el
Congreso.
Pero, aunque sea
positivo que aspectos clave como la lucha contra el fraude, o el reconocimiento
de que no hay déficit en la Seguridad Social y que habría superávit si los
Gobiernos no hubiesen pagado gastos con cotizaciones sociales que no les
correspondían, los denominados gastos impropios, para que todos y todas las
pensionistas tengan unas pensiones quedan muchas cosas por resolver.
La
pensión de viudedad
Esta prestación
supone normalmente la mitad de lo que cobraba cónyuge fallecido, pero los
gastos familiares son prácticamente los mismos. La viudedad es “femenina”; de
diez personas viudas ocho son mujeres muchas de ellas, alrededor del 90%, por
haber dedicado toda su vida al cuidado del hogar, el marido y los hijos, nunca
han cotizado a la Seguridad Social, tienen como único ingreso una pensión de
viudedad que en un 80% de los casos es
inferior al SMI.
La Pensión de
viudedad no es una ayuda del gobierno, es una prestación contributiva, en la
cual el cónyuge fallecido ha cotizado para que en el momento de su
fallecimiento su familia pueda quedar protegida; por ello exigimos que la
pensión de viudedad sea prácticamente la misma que cobraba el cónyuge
fallecido.
Una pensión mínima
contributiva o de viudedad, es de 677 € al mes y una pensión no contributiva, o
del SOVI, ronda los 400 € al mes y esto es lo que nuestro país no debe
permitir. No debemos permitir que personas, sobre todo mujeres, que han
trabajado toda su vida, dando vida y cuidando la vida de los demás, caigan en
la pobreza.
La renta para vivir
dignamente es el 60% del salario medio lo que España supone, 1.084 € al mes en
14 pagas anuales.
La
tragedia de las Residencias de mayores
En España, el 73%%
del total de las plazas de Residencias de Mayores son privadas tratando a las
personas residentes como negocio, llevando su situación al límite, siendo
innumerables las denuncias de escasez de personal, mala atención y problemas de
alimentación
La expresión más
macabra de la política de convertir los servicios públicos en negocio privado
la hemos encontrado en las residencias de mayores, un lucrativo negocio privado
que, si ya estaban en precario antes del coronavirus, con la enfermedad se ha
generado una verdadera catástrofe. Con una sanidad y sistema de residencias
públicos, con medios suficientes, se hubieran salvado muchas vidas. Sin
embargo, los gobiernos de derechas se preparan para seguir privatizando la
sanidad pública, mantiene unas plantillas insuficientes para atender las
necesidades y en condiciones de precariedad.
La
pensión de las mujeres
Las mujeres
pensionistas llevan años denunciando la brecha de género en las pensiones
ocasionada por las desigualdades sociales y económicas que un poder político y
legislativo ha mantenido en un sistema patriarcal. Desde 1995 se están
destruyendo los derechos de la clase trabajadora. Con las recomendaciones del
Pacto de Toledo 2020 una vez más, se aplican a las pensiones femeninas medidas
sin tener en cuenta la existencia de desigualdades previas que nos llevarían a
una mayor profundización de las brechas existentes por el hecho de ser mujeres.
En la actualidad un
52% de pensionistas, las mujeres, se enfrentan a una ausencia de soluciones
claras para tender a la eliminación de la brecha económica así como a las
diferentes desigualdades que harán que las pensionistas sigan siendo dependientes
económicamente de la unidad familiar, tratan de excluir o reducir las cuantías
a las que sean jóvenes o trabajadoras.
La revalorización
según el coste de la vida o IPC real, no queda asegurada al NO recomendar que
se incluya en la Constitución Española como un derecho fundamental.
Asimismo las
recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo no dan soluciones a las mujeres migrantes, a las rurales, ni a
las jóvenes, ni a las discapacitadas, ni a las que trabajan sin contratos, ni a
las que trabajan en los cuidados. A la mayoría de las mujeres trabajadoras,
futuras pensionistas, no les favorecen medidas como los planes privados de
empresa, lo que les favorece son mejoras salariales y mejores condiciones laborales
junto con políticas para que los cuidados no recaigan en ellas
El reciente acuerdo
del Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso de los Diputados sólo hace sobre
ello vagas recomendaciones algo vagas
entre las que no figura, que la mayoría de las pensiones, en torno al
60%, alcancen el SMI y menos todavía los 1.084 euros que establece la Carta
Social Europea, por supuesto no reducirá la brecha de género.
Mascarillas
Con la pandemia ha
venido la obligatoriedad del uso de mascarilla, pero su adquisición supone para
los hogares un gasto más ya que su adquisición para una familia de cuatro
miembros se sitúa entre los 70 y 150 euros al mes, dependiendo del tipo de
mascarillas y del lugar de su adquisición, gasto inasumible para muchas
familias y más aún para la mayoría de los y las pensionistas con pensiones
bajas y muy especialmente para aquellos y aquellas que reciben las no
contributivas.
El virus golpea de
manera muy especial entre los más desfavorecidos y entre los mayores, pero el
acceso de toda la población a las mascarillas de protección no está
garantizado.
La Sanidad,
competencia de las Comunidades Autónomas
debe garantizar el acceso universal a la atención médica y, por tanto, la gratuidad de las mascarillas
debe reposar sobre el principio de solidaridad cubriendo al conjunto de la
población y de manera prioritaria a los y las pensionistas.
El gobierno y su
mayoría parlamentaria ahora tienen en sus manos reparar estas injusticias.
Por ello, de acuerdo
con el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Izquierda Unida- Podemos de
Hoyo de Manzanares, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
El Pleno insta al
Gobierno de España y a la Comunidad de Madrid, cada uno en el marco de sus
competencias a:
• Establecer para vivir dignamente que
la pensión mínima sea de, al menos, del
60% del salario medio lo que España supone, 1.084 € al mes en 14 pagas
anuales.
• Soluciones claras para la eliminación
de la brecha económica de las pensiones de las mujeres frente a las de los
hombres.
• Que la pensión de viudedad sea
prácticamente la misma que cobraba el cónyuge fallecido.
• Un nuevo sistema de residencias de
mayores basado en lo público, universal y de calidad.
• Que el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, a través de la Agencia Antifraude, investigue el uso de los fondos
públicos que reciben las empresas de las residencias de mayores.
• Recoger las pensiones como un derecho
fundamental en la Constitución, incluyendo las mismas en los presupuestos
generales del estado
• Restablecer la Jubilación Ordinaria a
los 65.
• Jubilación anticipada sin penalizar
con 40 o más años cotizados.
• Así mismo, acometer una verdadera
reforma fiscal y una verdadera reforma laboral como herramientas, para
facilitar la redistribución de rentas y recursos.
• Rechazar frontalmente el factor de
sostenibilidad y cualquier otro mecanismo que limite el crecimiento anual de
las pensiones conforme al incremento del IPC.
• La a Comunidad de Madrid debe asegurar
un suministro de mascarillas gratuitas a los pensionistas.
En Hoyo de Manzanares a 2 de noviembre
de 2020
Fdo.
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María Jesús Cimadevilla Arriero
Portavoz Grupo Municipal
Izquierda Unida Podemos
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Bernardo Martínez de Albornoz Dechamps
Concejal Grupo Municipal
Izquierda Unida Podemos
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