Dieron sus argumentos - por
otra parte, ya conocidos -: La Ley 7/2022 y la Directiva europea 2018/851 les
obliga y no pueden hacer nada para impedirlo.
No explicaron, sin embargo,
porque no hacen nada por mitigar la subida, o por qué han repercutido todos los
gastos en la tasa, incluidos muchos que no debían incluirse, del futuro
contrato, de una manera tan poco sensible, especialmente con las personas que
pasan necesidad.
Tampoco convencieron sus
explicaciones para justificar las prisas en la aprobación la tasa, por qué han
corrido tanto, cuando podían esperar hasta abril de 2025 para que ésta entrara
en vigor. Las justificaron aduciendo que el actual contrato está obsoleto. Nada
más.
Sí, el contrato actual está obsoleto, pero una tasa como la que han planteado y aprobado afecta demasiado a los bolsillos de los ciudadanos, y merecía la pena hacerla bien. Merecía la pena esperar a que tuviésemos un adjudicatario del contrato, y, por ende, el precio final del mismo, previsiblemente mucho menor que el del informe económico sobre el que han basado los cálculos de la tasa. Por cierto, ¿cuándo se van a animar a sacar a concurso los pliegos del contrato?
Estaban preparados
desde abril de 2023, y ha pasado casi un año. No es cierto, como afirmaron, que
para sacar la licitación debían tener preparada primero la ordenanza; Para sacarlo
a licitación lo único que necesitaban era tener partida presupuestaria, y para
eso no necesitaban tener aprobada una ordenanza que asegurase unos ingresos
directamente vinculados. Por último, merecía la pena revisar los costes que
entran en la tasa, porque no es normal que entren costes como:
-. La limpieza viaria, un
servicio que, según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, NO puede
cobrarse mediante tasa.
-. Costes asociados al
servicio de podas aplicados a la tasa de residuos: En la ordenanza ya existía
(y sigue existiendo) una tasa de podas -aparte de la de residuos - para quienes
dispongan de jardín o parcela. La nueva ordenanza mantiene la tasa de podas
(que sigue siendo del 5,21% sobre el IBI), pero además repercute en la de las
basuras muchos costes asociados a podas. De ello resulta que ahora todo
ciudadano paga por podas, aunque no las genere.
-. Costes asociados a obras
de adecuación de la nave, que bien podían haberse sufragado vía Ayuntamiento,
PIR, u otras subvenciones. Pero este gobierno ya hemos visto que no deja de
rechazar y cancelar subvenciones que se habían presentado y obtenido en la
legislatura anterior (carril bici, remodelación del edificio Alcántara, piscina
cubierta con arreglo de la actual, centro de día en el Salmantino, etc.).
Tampoco se entiende cómo
para la aprobación de la tasa calcularon unos ingresos de 983.000 €, mientras
que según el padrón fiscal publicado en febrero estos ingresos van a ser
finalmente de 1.114.000 €. Y por qué no se plantean recalcular la tasa para
reducirla, dado que habrá más ingresos. Y, ya puestos, que la recalculen
eliminando también los costes antes mencionados. Ha sido un “primero que paguen
los ciudadanos y luego ya veremos”. Han intentado mitigar el desasosiego que
nos han producido con un acto, pero eso no tranquiliza a nadie pues el daño ya
está hecho.
Quedo claro también que han
puesto en marcha un proyecto sin haber pensado en cómo harán para que las tasas
por vertido se reduzcan, tal y como incentiva la nueva ley, de manera que las
tasas anuales de los vecinos se vean también reducidas por la menor generación
de residuos.
Siendo las podas las que más
coste por vertido suponen, por fin admitieron que el centro de trituración de
podas que se planteaba en la legislatura pasada era una buena idea, y
aseguraron poner en marcha el proyecto
una vez encuentren una buena ubicación para el mismo, lo cual nos congratula,
confiando en que con ello aminorarán sustancialmente la tasa.
En
definitiva, han puesto en marcha un plan por ponerlo, sin un plan de reducción,
sólo para cambiar el contrato.
Y, por supuesto, no han
tenido la sensibilidad de pensar en cómo mitigar el efecto que en los bolsillos
supone el nuevo contrato. La tasa no es en absoluto progresiva ni proporcional
a los ingresos o patrimonio de familias o empresarios. Un piso de 40 m2 paga lo
mismo que uno de 150 m2; Una vivienda unifamiliar de 120 m2 lo mismo que una de
3.000 m2; Un restaurante con 5 mesas para 22 comensales lo mismo que uno con 26
mesas para 260 comensales. Para familias, ¿no sería más justo que la tasa por
residuos urbanos se calculase con respecto al IBI o al valor catastral de la
vivienda? Y para los negocios, los restaurantes, por ejemplo, la tasa por
residuos urbanos se podría calcular por número de posibles comensales. Son sólo
unas ideas para que los que menos medios tienen, pero más dificultades pasan,
no tengan que vivir con mayor agobio económico, mientras que el que tenga
capital y medios pague más y sepa que el incremento de su patrimonio lleva
también implícito su contribución obligatoria a la sociedad mediante un pago
impositivo o una tasa.
