Presentamos el
documento de 35 medidas para combatir la corrupción en sus distintas formas:
corruptos, corruptores, fraude fiscal y cargos públicos.
16/06/2025
El momento actual,
con graves heridas en la ética pública, exige convertir en acción
legislativa la lucha contra la corrupción, con medidas radicales para
exterminar una lacra que puede arrasar con la propia democracia.
La recuperación de la
credibilidad y la exigencia de amplios sectores sociales que no quieren que
llegue la extrema derecha al gobierno exige cumplir con ellos a través de lo
que debe hacer el Parlamento y el Gobierno: leyes y normas para su ejecución
que recuperen la confianza y den seguridad y certidumbre a quienes desean que
la corrupción sea una pesadilla a la que se le dé portazo definitivo.
En el presente
documento se señalan 35 iniciativas, medidas y reformas que desde Izquierda
Unida se proponen para afrontar con eficacia la lucha contra las prácticas
corruptas, los corruptos y los corruptores.
Son medidas que esta
organización política ha elaborado a lo largo de 30 años, muchas de las cuales
se han intentado abrir paso infructuosamente hasta ahora.
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el PDF pinchando aquí.
Medidas relativas a la
persecución de los delitos relacionados con la corrupción
1. Ley integral
anticorrupción.
·
Los corruptos y corruptores asumirán los
costes directos e indirectos de sus acciones, perjuicios a terceros, costes
judiciales, restitución derechos lesionados.
·
Prohibición de concurrir a concursos
públicos de contratación de empresas condenadas ellas o sus directivos por
corrupción en los últimos diez años.
2. Ley expropiatoria
de bienes o beneficios adquiridos mediante prácticas corruptas: debe
perseguirse de forma especial el rol que juegan las empresas corruptoras y sus
dirigentes, ampliando responsabilidades en el seno de la estructura empresarial
corrupta.
3. Ampliación de los
tipos penales y endurecimiento en algunos supuestos de penas establecidas en el
Código Penal para corruptos y corruptores.
·
Deben abordarse también las conductas de
pasividad ante la corrupción en supuestos de conocimiento de estas prácticas y
falta de denuncia por parte de sujetos de la estructura interna de las empresas,
la administración o las organizaciones políticas y sociales.
·
Endurecimiento del delito de cohecho o
soborno impropio.
·
Endurecimiento de las penas del delito
fiscal y ampliación del plazo de prescripción.
4. Inhabilitación de
30 años para ocupar cargos públicos y urgencia en los expedientes judiciales
con cargos públicos imputados.
5. Tramitación y
aprobación de la ley de creación y desarrollo de la Oficina de prevención de la
corrupción:
·
Siguiendo las indicaciones GRECO, la
Oficina de prevención de la corrupción tendrá como función la prevención,
detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o
destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento
irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso
en beneficio privado de informaciones derivadas del ejercicio de funciones
incluidas en el ámbito de actuación concreto.
·
Tendrá independencia y autonomía y su
presidencia será elegida por el Pleno del Congreso.
6. Refuerzo de la
Fiscalía Anticorrupción, tanto en medios materiales como humanos, incluidas las
unidades policiales de supervisión y lucha contra la corrupción.
7. Mantenimiento del
estatuto legal de las acusaciones populares y limitación legal del máximo a
imponer en fianzas para poder ejercer la acusación popular.
8. Reforma de la Ley
2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que
informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción para
dotar de mayores garantías a los denunciantes de corrupción.
9. Aprobación urgente
del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los
Grupos de Interés, que se encuentra en estos momentos en tramitación y regula
por primera vez la actividad de los ‘lobbies’ en sus relaciones con las
instituciones y el conjunto del sector público.
10. Aprobación urgente
de la reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV
para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos o infracciones
por parte de los diputados y grupos parlamentarios. Debe exigirse igual reforma
en el Senado y el resto de parlamentos autonómicos en los que su normativa siga
siendo poco exigente o nula.
11. Modificación de la
ley de indultos para que no se pueda conceder a condenados por corrupción.
12. Limitación de
aforamientos. En línea con el principio 6 de los 20 principios directores para
la lucha contra la corrupción adoptados por el Comité de Ministros del Consejo
de Europa el 6 de noviembre de 1997 de cuyo cumplimiento se encarga el grupo
Greco.
13. Favorecer la
especialización de personas u organismos encargados de luchar contra la
corrupción y otorgarles los medios y la formación necesarios para el ejercicio
de sus funciones.
14. Eliminación de la
inviolabilidad del monarca.
Medidas de prevención
y lucha contra el fraude fiscal
15. Desarrollo de la
Ley General Tributaria para mayor eficacia en la prevención y lucha contra el
fraude.
16. Atribución a la
Agencia Tributaria la función de investigar el fraude fiscal organizado y
blanqueo de capitales.
17. Dotación de medios
financieros, materiales, tecnológicos y humanos a la Agencia Tributaria, al
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias del Banco de España; a las Fuerzas de Seguridad
encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal; a la Fiscalía
Anticorrupción.
18. Creación de una
Policía Fiscal en la Agencia Tributaria.
19. Lucha contra el
fraude en el IVA.
20. Prohibición para
que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos
fiscales. Todo movimiento de fondos con origen o destino a un paraíso fiscal
tributarán en España al 24%.
21. Medidas de control
de los procesos de contratación de las administraciones públicas.
22. Reforma de la Ley
de Contratos del Sector Público, para limitar las revisiones de precios y
sobrecostes.
23. Reforma de la
legislación de transparencia e información pública, para ampliar y profundizar
en los supuestos de publicación y transmisión de información de los procesos de
contratación.
24. Publicación de
documentos relativos a procedimientos y contratos de urbanismo en tiempo real.
25. Registro público
de recalificaciones de suelo.
26. Creación de una
unidad en la Agencia Tributaria de comprobación de los datos fiscales
declarados y los datos registrados como plusvalías de convenios urbanísticos y
recalificaciones.
Cargos públicos
27. Los salarios de
los representantes electos no excederán al del funcionario de rango más alto de
la administración en la que ejerce su labor. Eliminación de los complementos de
cargo.
28. Eliminación de los
planes de pensiones privados u otras prestaciones por ser cargo público.
29. Todas las personas
con responsabilidades públicas tendrán la obligación de depositar su
declaración de bienes e intereses en un registro público.
30. Regulación y
transparencia en regalos e invitaciones. Los obsequios con valor superior a
200€ serán rechazados o entregados a la institución.
31. Incompatibilidad
de tres años para ejercer en empresas privadas o prestar servicios en sectores
directamente relacionados con su cargo.
Campañas electorales
32. Limitar
drásticamente los gastos de las candidaturas por partidos políticos.
33. Los registros y
archivos del Tribunal de Cuentas serán de acceso público.
34. Código ético del
cargo público comprometiéndose a denunciar cualquier dato de corrupción que
conozca, separarse de cargos electos o puestos de libre designación tras su
imputación, siendo definitiva cuando sean condenados.
Medidas contra el
transfuguismo
35. Reforma del Pacto
contra el transfuguismo. Imposición de sanciones, suspensión de militancia,
eliminación o reducción de dietas e indemnizaciones y exigencia del cargo
público a infractores.
