El equipo de gobierno, con la Alcaldesa Barderas a la cabeza, reparte sueldazos en despachos cerrados, al margen de las leyes de función pública. Se han inventado dos plazas (Técnico de Intervención y Técnico de Comunicación) sin pasar por el Pleno, como exige la ley, y les han puesto un sueldo de 50.000€, cuando los técnicos de la misma categoría cobran 35.000€.
Estos
técnicos son contratados después de hacer el paripé de publicar una bolsa de
empleo, ya que dichas plazas no existen.
Conforme
a lo establecido en la letra I) del apartado 2, del articulo 22 de la Ley de
Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno del ayuntamiento la competencia
para la aprobación de la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de
Trabajo.
Y
aquí la pregunta clave: ¿Quién permite esto? El interventor municipal tiene la
obligación de fiscalizar y evitar esta chapuza, pero ha mirado hacia otro lado.
¿Por qué? ¿A quién beneficia?
Según
el Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) y la Ley 7/1985 de Bases del
Régimen Local, el interventor debe garantizar que los pagos se ajusten a la
legalidad.
No
parece que unas plazas que no existen y unos salarios, pactados unos y otros
fuera de la aprobación del Pleno se ajusten a la legalidad.
BASTA
DE AMIGUISMOS Y CHANCHULLOS CON EL DINERO PÚBLICO. LOS DESPACHOS NO PUEDEN
ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY.
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