Para Izquierda Unida el hecho
de que PP/VOX se haya asegurado la mayoría en el Pleno no oculta el creciente
deterioro ético y administrativo del actual equipo de gobierno.
Desde
2023, la alcaldesa se niega a entregar a la oposición las facturas municipales,
incumpliendo de forma reiterada los principios de transparencia y control
público del gasto. A ello se suma su negativa a permitir la fiscalización de
los gastos efectuados con su tarjeta oficial, un gesto que ha intensificado las
sospechas sobre la opacidad en el manejo de fondos públicos.
El
Defensor del Pueblo ha intervenido en varias ocasiones, instando al
Ayuntamiento a devolver las subidas de sueldo ilegales que se aprobaron a sí
mismos por decreto (y eso que ya tenían los sueldos mas abultados de la
historia de Hoyo…); el Defensor del Pueblo también ha exigido la publicación de
la ejecución del presupuesto, que sólo la hizo pública tras su requerimiento
formal.
A
ello se suma la denuncia presentada por la Fiscalía por presunta prevaricación,
derivada de contrataciones de personal supuestamente ilegales realizadas bajo el
mandato de Barderas. Según la documentación fiscal, el consistorio habría
incurrido en irregularidades en la selección y nombramiento de personal
temporal.
La
gestión económica tampoco escapa a la controversia: casi tres millones de euros
de gasto municipal se han ejecutado sin licitación en un año, recurriendo de
forma generalizada a prórrogas de contratos menores, práctica que vulnera los
principios de libre concurrencia y transparencia que rigen la contratación
pública.
Mientras
el gobierno local insiste en que “todo está dentro de la legalidad”, los hechos
apuntan a una administración marcada por el oscurantismo, la falta de control y
el desprecio a las instituciones de fiscalización.
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