Querido
Alberto Garzón: qué piden las organizaciones de consumidores al nuevo
Ministerio de Consumo
Los
colectivos que defienden a consumidores frente a los abusos de las grandes
empresas exigen al nuevo Gobierno que rompa con décadas de inoperancia en las
administraciones e impunidad para las multinacionales.
La
creación de un nuevo Ministerio de Consumo, independiente de la cartera de
Sanidad, y la filtración del nombre del futuro ministro —el del coordinador
general de Izquierda Unida, Alberto Garzón— han multiplicado las expectativas
de las organizaciones de consumidores para que se acabe con la “impunidad casi
absoluta que gozan las multinacionales”, según palabras de Rubén Sánchez,
portavoz de Facua.
Horas
antes de que el Gobierno, Pedro Sánchez, nombrara a su equipo de Gobierno
definitivo, dos de las principales organizaciones del ramo han desplegado sus
exigencias, dando por hecho que por primera vez en la historia un Gobierno
español contará con un Ministerio exclusivo para la defensa de los intereses de
los consumidores frente a las grandes empresas.
La
situación de partida para el portavoz de Facua no puede ser más dramática con
una “política de protección al consumidor absolutamente muerta desde hace
décadas”
Tanto
Facua, que cuenta con más de 200.000 socias, como la OCU, con más de 250.000,
se han adelantado a la confirmación que se espera para la siguiente semana y
han planteado sus principales demandas para el nuevo Gobierno.
La
situación de partida para el portavoz de Facua no puede ser más dramática con
una “política de protección al consumidor absolutamente muerta desde hace
décadas”. Después de diversos gobiernos en los que la pata de “consumo” había
incluso desaparecido de las nomenclaturas de los ministerios, el último
Gobierno del PSOE había recuperado la defensa de los consumidores como un
“apéndice” del Ministerio de Sanidad. La esperanza de que esta recuperación
sobre el papel se tradujera en una defensa activa de la ciudadanía frente a los
abusos de las multinacionales se vió frustrada ante la ausencia de “una
política real de defensa del consumidor”, critica Rubén Sánchez.
Por
ello, la creación de una cartera propia de consumo es vista por el portavoz de
Facua como una “buena noticia”. Una sorpresa, reconoce Sánchez, que no estaba
en sus “cálculos”, pero que permite que la defensa de los derechos de millones
de personas frente abusos y fraudes no quede en un segundo plano ante las
urgencias y prioridades de un Ministerio clave como el de Sanidad. “Si nos
ponemos en lo peor este Ministerio no va a tener la excusa de decir que la
Sanidad es algo muy importante, que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y
que por lo tanto no puede dedicar tiempo a consumo…, porque este Ministerio
solo se va a dedicar a un tema, a Consumo”, sostiene.
Desde
Facua, advierte, van a poner “el listón muy alto, incluso más alto que en otras
legislaturas. El hecho de que, con toda seguridad, sea Alberto Garzón, en
representación de Unidas Podemos, quien asuma la tarea, hace que las
expectativas sean mayores. “Ahora vamos a pedir que se cumpla con esas
expectativas. Vamos a exigir que cumpla o al menos que se esfuerce en cumplir
con los compromisos adquiridos en los programas electorales”, advierte.
Para
la OCU, “la creación de un Ministerio de Consumo puede ser un elemento positivo
que impulse sus políticas y refuerce su transversalidad”. Una medida que debe
estar acompañada de un “endurecimiento de las sanciones” por los casos de
fraudes, la definición de consumidor vulnerable que “ampare a quienes sus condiciones
físicas o socioeconómicas” los sitúan en “peores condiciones” y medidas para
frenar la obsolescencia programada y para la promoción del consumo responsable.
UN MINISTERIO QUE ACTÚE
CONTRA LOS ABUSOS Y FRAUDES
La
primera exigencia por parte de Facua es un Ministerio de Consumo que actúe y
cumpla la ley. Parece obvio, pero no lo es tanto. El artículo 54 de la ley para
la Defensa de los Consumidores, aprobada en 1984, habilita al Gobierno para
emprender acciones frente a los abusos, los fraudes y las irregularidades
cometidas por las grandes empresas. Una ley que ha quedado en el olvido y
apenas ha sido invocada por las sucesivas administraciones. De hecho, recuerda
Rubén Sánchez, desde 2008 no ha sido utilizada. Entonces, el Ministro de
Sanidad y Consumo, Bernat Soria, amenazó a Movistar públicamente con llevarla a
los tribunales si no dejaba de cobrar la identificación de llamadas a los
usuarios que no la habían solicitado. Una práctica que, según recuerda Sánchez,
no cesó, sin que ello terminara en ningún tipo de juicio por parte del Estado.
Para
el portavoz de Facua, un Ministerio de Consumo que defienda el interés de los
consumidores debería aplicar este artículo 54, interpelar a las empresas que
cometan abusos y llevarlas a juicio en el caso de que las actividades ilícitas
continúen. “Más allá de cambiar leyes, lo importante es que de una vez por
todas, después de tantas décadas de inoperatividad, se apliquen las leyes.
Porque ¿para qué queremos leyes de consumo que están de adorno en nuestro marco
normativo?”.
UN MINISTERIO QUE ACABE
CON LA IMPUNIDAD DE LAS MULTINACIONALES
Además
de aplicar la ley vigente, Facua defiende una reforma de la ley de defensa de
los consumidores para que el Ministerio de Consumo tenga competencia
sancionadora, es decir, que no solo pueda ir a los tribunales, como ya lo hacen
las organizaciones de consumidores, sino que pueda poner multas a las empresas
que se saltan las leyes de defensa de los consumidores.
Actualmente,
esta competencia la tienen en exclusiva las comunidades autónomas, una
situación que, según sostiene Sánchez, termina asegurando la impunidad de las
multinacionales que, a final de cuentas, les resulta más rentable cometer
fraudes y pagar la multa.
Esta
legislación, aprobada a mediados de los 80, obedecía a una situación muy
diferente de la actual, cuenta Sánchez: “La realidad del mercado de hoy es muy
diferente a la de 1984, y ningún gobierno hasta ahora, ni del PP ni del PSOE,
ha valorado la posibilidad de que cuando Movistar o Vodafone, Endesa o un banco
comete un fraude masivo no afecta solo a consumidores de un barrio de Córdoba,
no afecta solo a consumidores de Catalunya, sino que afecta a consumidores de
toda España”.
El
hecho de que ninguna administración estatal tenga competencias sancionadoras
lleva al “absurdo” de que “para sancionar proporcionalmente a la gravedad del
fraude una práctica que afecta a consumidores de toda España sea necesario que
17 comunidades autónomas abran 17 expedientes sancionadores”. Levantar un
proceso semejante es tan complejo, continúa Sánchez, que hasta ahora nunca se
ha hecho.
La
OCU cree necesaria “una reforma y endurecimiento de las sanciones en materia de
consumo, que impidan que a las empresas les salga más barato pagar una multa
que cumplir con la normativa”
La
propuesta de reforma legislativa —que según relata Sánchez a El Salto ha
contado con el visto bueno de Unidas Podemos en las conversaciones mantenidas
entre ambas entidades— no implica “que las comunidades dejen de tener
competencias para multar fraudes, sino que sea una competencia compartida en la
que el Gobierno de la Nación pueda actuar contra un fraude masivo facilitando
la protección de los consumidores”.
Esta
reforma —que necesitaría del acuerdo de los socios de Gobierno y de otros
partidos del Congreso, reconoce Sánchez— significaría una actualización de la
ley para un mercado donde los principales abusos ya no los cometen pequeñas y
medianas empresas nacionales, sino gigantescas multinacionales con activos
gabinetes de abogados.
Por
su parte, la OCU cree necesaria “una reforma y endurecimiento de las sanciones
en materia de consumo, que impidan que a las empresas les salga más barato
pagar una multa que cumplir con la normativa”, además de una reforma que
“elimine los obstáculos que hoy existen para el desarrollo de las acciones
colectivas”.
LOS PRINCIPALES FRENTES
Los
abusos de la banca y las hipotecas, los fraudes vividos en los casos
Volkswagen, Facebook o Idental, el laberinto de los centros de atención al
cliente para darse de baja o poner una reclamación, los abusos y fraudes de las
compañías telefónicas y eléctricas, de las compañías aéreas, como Rynair, que
cobran por el equipaje de mano o de los bancos, como Santander o Bankinter, que
cobran de “forma desproporcionada” a los clientes que se quedan al descubierto…
La lista de “fraudes masivos”, en palabras de Facua, a la que tendrá que hacer
frente el nuevo Ministerio es interminable, sobre todo después de décadas
marcadas por la falta de políticas al respecto.
Entre
las prioridades del nuevo Ministerio, ya reconocida en el acuerdo programático
entre PSOE y Unidas Podemos, se encuentra la regulación de las casas de
apuestas. La propuesta de equiparar la publicidad de apuestas al tabaco y de
regular la apertura de estos locales a partir de las 22h es para Rubén Sánchez
“una gran jugada”. Para el portavoz de Facua, al no pedir el cierre total de
las casas de apuestas hay muchas más posibilidades de sortear la oposición de
los tribunales. Esto haría incluso innecesario prohibir que estas casas de
apuestas estén cerca de los colegios, ya que “prohibir la apertura hasta las 22h
provocaría que el negocio no sea suficientemente rentable y muchos salones de
juego no van a abrir o tendrán que cerrar”, opina.
