EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este 2020 está
marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. Esta
situación, vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un
sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La
situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las consecuencias
de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, han intensificado
violencias machistas.
Muchas mujeres se han
encontrado encerradas con sus maltratadores en una especial situación de
vulnerabilidad e incertidumbre. Durante las primeras seis semanas de cuarentena
se han realizado más de 4.000 detenciones por violencia machista, además vemos
un aumento de más del 50% del uso telefónico del 016 y de más de un 100% de su
uso online. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al número
016 se han incrementado en el mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019,
y las consultas online se han incrementado ese mismo mes casi un 600% comparado
con abril del año anterior.
Asimismo, la pandemia
del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que siguen
existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las
mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario —siendo ellas
la inmensa mayoría de personas trabajadoras— como en el ámbito de los cuidados,
viviendo situaciones de precariedad y riesgo para la salud para las empleadas
del hogar y atención domiciliaria.
Según los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres son mayoritarias en los puestos
de primera línea de combate de la epidemia. Ellas representan el 51% del
personal médico, el 84% de enfermería, el 72% en farmacia, el 82% en psicología
y un 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas
dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son
mayoritarias en otros servicios esenciales como son el comercio y la
alimentación, la limpieza de hospitales y representan la práctica totalidad de
las empleadas del hogar y de los cuidados.
A esto se suma la
mayor carga de las mujeres en las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas
son realizadas por las mujeres y en este contexto de coronavirus han sufrido
una mayor sobrecarga tanto por las condiciones laborales del teletrabajo, como
por el cuidado del hogar, menores y personas dependientes. Esta sobrecarga de
trabajo no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde
todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares. Especialmente
afectadas están las familias monoparentales, de las que ocho de cada diez
tienen a una mujer al frente.
Por otro lado, se
estima que la nueva crisis económica va a afectar más a las mujeres más
vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente de sus parejas.
Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica
en todos los niveles de la administración para incidir y compensar los efectos
de la pandemia.
Diversos expertos,
expertas y organismos nacionales e internacionales (Ministerio de Igualdad,
ONU, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, etc.) están
alertando de que en épocas de crisis el enfoque de género es uno de los puntos
que las administraciones tachan de su agenda, mientras que precisamente es en
estas crisis cuando debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las
niñas, para poder paliar el daño real causado a todos los niveles de sus vidas.
Y es ente sentido
donde es imprescindible aplicar la perspectiva de género como herramienta de
análisis que nos permite introducir cambios reales y concretos hacia la
construcción de una sociedad igualitaria. Algo que debería estar presente en
cualquier plan de reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos
adquiridos.
Las crisis anteriores
han incrementado las desigualdades y discriminaciones. La mayoría de mujeres se
encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables tanto en el aspecto
laboral como en el social. Esta crisis no la vamos a pagar nosotras,
necesitamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro,
especialmente las más vulnerables y las que van a sufrir las peores
consecuencias.
Por todo ello, es
urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género para desplegar ya medidas y políticas
igualitarias en esta situación de crisis multidimensional. Y a su vez, para
ello es fundamental un replanteamiento de nuestros servicios públicos que
estando heridos de muerte, no pueden atendernos ni garantizar nuestros derechos
y proteger nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara por la ampliación de
recursos y reestructuración de lo público y lo común.
Pero a esta situación
de crisis, se suman otras que describen una realidad preocupante, como es la
situación de las y los menores ante las violencias machistas. Según los datos
del Informe de Menores y Violencia de Género el 24% de la juventud en nuestro
país entre 14 y 18 años ha sido testigo de episodios de violencia machista
hacia su madre y, de ellos, el 77% confiesa que ha sido maltratado/a
directamente por el mismo agresor, de los cuales el 70% era su padre.
Estamos viviendo un
colapso de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios precarizados y
recortados ya antes de la crisis del Coronavirus, que no pueden pagar las víctimas
de violencias machistas. Debemos resolver de forma urgente el acceso, la
ampliación de tiempo, derechos y medidas de protección a las mujeres que
consiguen la acreditación de víctima de Violencia de Género. La vigencia de dos
años para todas las actuaciones (sin estimar tiempos diferentes para diferentes
actuaciones) no es suficiente para que una mujer rehaga su vida y pueda acceder
a los diferentes recursos que plantea la ley, en cuanto a cuestiones laborales,
de formación (como las oposiciones) y otras medidas de apoyo sociolaboral.
Y por último,
consideramos urgente el reconocimiento de todas las violencias machistas que
afectan de forma incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la cultura de la
violación y la violencia.
Por ello, de acuerdo con
el artículo 97.3 del ROF, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos de Hoyo
de Manzanares, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Instar
al Gobierno de España a que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género ampliando la propia
definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el
Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra
las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la
violencia sexual, laboral, institucional y también que se incorporen los
vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género.
SEGUNDO: Instar
al Gobierno de España a que se desarrolle una Ley Integral para luchar contra
la Trata de Seres Humanos, que además de prevenir y perseguir esta lacra y a
las redes de delincuentes que se lucran con esta «esclavitud moderna», contenga
un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y
niñas, aún sin cuantificar en el Estado español, que es uno de los principales
destinos europeos de las migrantes captadas por las redes para ejercer la
prostitución.
TERCERO: Realizar
un informe de impacto de género de las propuestas recogidas en los planes de
reconstrucción para incluir los factores de corrección necesarios para evitar
aumentar los desequilibrios de género existentes.
CUARTO: Impulsar
planes de igualdad con suficientes recursos humanos y materiales. Así como
mejorar los datos para la sensibilización social y la planificación y
evaluación de las políticas de igualdad.
QUINTO: Evaluar
la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las
entidades locales y autonómicas para garantizar que se está utilizando de manera
adecuada y los objetivos que se están trabajando
SÉXTO: Implementar
la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género
desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases educativas.
SÉPTIMO: Reforzar
las actuaciones con menores en contexto de violencia de género y las
actuaciones de los puntos de encuentro para adecuarse al contexto.
OCTAVO: Desarrollar
planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado
cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo,
actualizados y evaluables.
NOVENO: Fortalecer
la red pública de atención a las víctimas internalizando los servicios de
atención directa, de acogida y la atención del teléfono de atención a la
violencia para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena
atención, información y asistencia de las víctimas de Violencia de Género.
DÉCIMO: Desarrollar
y profundizar en las campañas de concienciación e información específicas para
el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren
la violencia para que las apoyen y comuniquen la situación a las
administraciones correspondientes.
En
Hoyo de Manzanares a 3 de noviembre de 2020
Fdo.
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María Jesús Cimadevilla Arriero Portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos |
Bernardo Martínez de Albornoz Dechamps Concejal Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos |
