Carta abierta de la Segunda Teniente de Alcalde y Concejala de Hacienda, Servicios Municipales y Personal

María Jesús Cimadevilla. Segunda Tenieente de Alcalde
Concejala de Hacienda, Personal y Servicios Municipales

Con estas líneas, y ante el revuelo provocado por la denuncia del PP del cobro de mis trienios como empleada publica de la Comunidad de Madrid quisiera dirigirme a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo pata puntualizar algunas cosas:

1)    La Ley de Bases de Régimen Local reconoce en su artículo 74, el derecho de todos los empleados públicos, tanto funcionarios de carrera como personal laboral que se encuentren en situación de servicios especiales al cobro de los trienios devengados en cualquier administración en la que hayan prestado sus servicios.

2)    El artículo 87 del Texto Refundido del Empleado Público dice textualmente: “Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.”

Me resulta extraño el asombro de los concejales de mis trienios. No hay nada más público ni más transparente que la Ley. El conocimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, es lo mínimo que se puede pedir a las personas que se presentan a concejales. Si hubieran tenido el conocimiento de la misma, en el Pleno donde se aprobaron los salarios hubieran podido preguntar tranquilamente si los trienios estaban incluidos en el mismo.

Soy empleada pública desde el 1 de febrero de 1992 en la Comunidad de Madrid, y entré en mi puesto de trabajo después de haber aprobado una oposición.

Mi derecho al cobro de trienios es incuestionable. Entiendo que se pueda cuestionar y criticar la labor que desarrollo en el gobierno, esa es una de las funciones de la oposición, pero no puedo entender que se ponga en cuestión el derecho que tenemos todos los empleados públicos en dicha situación.

Los derechos no son morales ni amorales, ni éticos ni no éticos son derechos; se ejercen y se defienden

Señoras/aes del Partido Popular, este derecho fue uno de los primero que aprendí en la Comunidad de Madrid, ya que quien durante muchos años, fue Presidenta del Partido Popular de Madrid y Presidenta de la Comunidad los cobró desde el primer día hasta el último que estuvo en como Presidenta de nuestra Comunidad Autónoma.

Señoras/es del Partido Popular, sin remontarnos tanto tiempo atrás; ¿saben ustedes si algún cargo público de este Ayuntamiento perteneciente a su partido ha cobrado trienios como personal laboral en esa etapa o tiene reconocidos los trienios durante el tiempo que ha ejercido como cargo público? Espero que lo investiguen o simplemente se lo pregunten a quien ha hecho valer ese derecho; espero que lleguen hasta el fondo y si es así, publiquen en los mismos sitios donde han publicado comentarios sobre mis trienios, lo indecente y lo amoral que les parece, si no es así entenderé que solo les parece mal los derechos de la gente de fuera de su partido, pero eso sería de tal cinismo que entiendo que no lo van a permitir y lo publicaran.

A Ciudadanos y Vox, les digo lo mismo espero ver sus cartas y notas de protestas quejándose de todos los cargos públicos en las distintas instituciones que actualmente están cobrando trienios que por derecho tienen reconocidos.

A los miembros de los tres partidos de la oposición les digo que tienen a su disposición una lista de los concejales de sus partidos que cobran trienios, incluida alguna concejala de VOX que los ha pedido sin haber trabajado nunca en la Administración Pública

María Jesús Cimadevilla Arriero

El rey se sitúa al margen de la Constitución

José Antonio Martín Pallín

No se puede aceptar la decisión del rey, disolviendo de facto las Cortes Generales al afirmar que no propone, en contra del texto constitucional, a ningún candidato a la Presidencia del Gobierno

El comunicado de la Casa Real, que lleva fecha del 17 de septiembre, transmite a los ciudadanos que, después de realizar las consultas preceptivas que impone la Constitución, ha constatado que no existe un candidato que cuente, en el momento de terminar las consultas, con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue la confianza. En consecuencia, resuelve no proponer a nadie. La decisión nos sitúa ante una delicada y grave situación que altera la esencia de nuestro sistema político constitucional.

Según el artículo primero del texto constitucional, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La soberanía nacional reside en el pueblo español representado en las Cortes Generales por el Congreso de los Diputados y el Senado. Por tanto será el Parlamento el que tenga la última palabra, sobre todo en decisiones tan trascendentales como la investidura de un presidente del Gobierno o la convocatoria de unas nuevas elecciones. En puridad, lo que el rey ha constatado es la posición genérica y sin detalles de los representantes de los diferentes partidos políticos que componen el arco parlamentario. Como es lógico, no es el momento adecuado para entrar en detalles que están reservados a los posibles cambios estratégicos y al resultado de las intervenciones y debates en la sesión parlamentaria de investidura.  

Estos contactos le han permitido comprobar y valorar que, posiblemente, pero no con una seguridad absoluta, estábamos abocados a un investidura frustrada. Lamentablemente, mal aconsejado por sus asesores y servicios jurídicos, el monarca ha entendido que la constatación abstracta de las posiciones que, a priori, se iban a mantener en el Congreso de los Diputados le permitía abstenerse de designar un candidato para la investidura. La interpretación que hace la Casa Real del artículo 99 de la Constitución resulta totalmente equivocada y contraria a los principios constitucionales. Seguramente una lectura más reposada y menos intervencionista por parte de los integrantes de la Casa del Rey les hubiera llevado a la conclusión de que el artículo 99 no le concede la facultad de prescindir de la propuesta de un candidato hasta que se agoten los plazos marcados por la ley. 

Es suficiente con una lectura literal del apartado 4 del artículo 99 de la Constitución para entender que el rey no tiene la facultad o no puede arrogarse la facultad de prescindir, por su propio imperio, de la obligación constitucional de formular una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Reproduzco su contenido para que los lectores saquen las oportunas consecuencias. El apartado 4 del artículo 99 dice textualmente: “Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores”. Es decir, el rey es un simple testigo de la posición inicial, antes de entrar en la sesión de investidura, de las intenciones de los diferentes partidos políticos. No le corresponde hacer sumas, y mucho menos cábalas, sobre lo que puede acontecer en un Parlamento en el que, a pesar de los malos hábitos de la política española, todos los diputados tienen libertad de voto y mucho más en las cuestiones de investidura. 

En puridad, lo que el rey ha constatado es la posición genérica y sin detalles de los representantes de los diferentes partidos políticos que componen el arco parlamentario.El rey, conforme al artículo 62 de la Constitución, tiene la facultad de convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, pero conviene resaltar “en los términos previstos en la Constitución”. También tiene la obligación de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Creo que no ha cumplido con ninguna de estas facultades y obligaciones que le impone la Constitución.

Por si alguno tiene mala memoria, le recuerdo dos situaciones que refuerzan el contenido del texto constitucional. Por un lado, el disputado voto del señor Pedro Quevedo (de Nueva Canarias) y, por otro, la misma posición del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, que renunció a su cargo de secretario general y abandonó el hemiciclo y su condición parlamentaria para no votar la investidura de Mariano Rajoy.

Pero en mi opinión la culpa no es exclusiva del jefe del Estado. La presidenta del Parlamento tiene la obligación de velar por el papel prioritario de la representación parlamentaria, en momento tan trascendental como es el de la investidura de un presidente del gobierno. Si desconocía los antecedentes de la posición del Tribunal Constitucional –hasta ahora, que se sepa, máximo intérprete de la Constitución– podía haber solicitado de sus servicios jurídicos un informe sobre las consecuencias de sustraer al debate parlamentario, a la argumentación, al diálogo y a los posibles cambios producidos en sede parlamentaria, la decisión última y también, por qué no decirlo, la responsabilidad de que se hubiese agotado el plazo y necesariamente hubiera que disolver las Cámaras y convocar unas nuevas elecciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tema (sentencia 16/1984 de 6 de febrero y otras) y sobre las cuestiones constitucionales que suscita una investidura. Ha proclamado que nuestro sistema parlamentario responde al modelo de lo que se ha dado en llamar “parlamentarismo racionalizado”, que prevé igualmente la posibilidad de que, de las diversas propuestas que se efectúen, no resulte la investidura de candidato alguno. En tal caso, la solución que debe adoptarse no es la disolución de las Cámaras, sino la de proponer al candidato que designe el partido político que cuente con mayor número de escaños. Si a esto unimos lo que hemos expuesto sobre la obligación constitucional de agotar la designación de candidatos, llegaremos a la conclusión de que la decisión del rey se ha situado al margen de la Constitución, lo cual constituye un grave precedente, que sitúa al parlamentarismo en una papel secundario. En todo caso, deberían haberle advertido de esta posibilidad antes de pronunciarse por la negativa. 

En nuestro sistema parlamentario, el candidato, según interpreta el Tribunal Constitucional, sería el del partido con más número de escaños. Tendría que presentarse a la investidura, proponer su programa de gobierno, y abrir la posibilidad dentro de lo que los juristas llamamos la voluntad ambulatoria, es decir cambiante, según las propuestas y los argumentos expuestos, de valorar en ese momento solemne si considera conveniente enrocarse en una posición que ya había manifestado o podía abrir algún resquicio a ofertas que pudiera hacer meditar y valorar al resto de los partidos políticos su posición.  

No se puede descartar que, en el curso del debate parlamentario, algunos partidos, a la vista de los discursos, de los argumentos, de los razonamientos e incluso de las posibles suspensiones temporales de la investidura para reuniones de urgencia, pudieran llegar a soluciones de consenso; por ejemplo de un pacto de legislatura sobre determinados puntos o, desde otro espectro ideológico, de algunos pactos de Estado, lo que hubiera permitido o abierto la posibilidad de que con los ajustes o cambios impuestos por la racionalidad, y no por el empecinamiento, se pudieran acordar, en aras de evitar unas nuevas elecciones, la puesta en marcha de un gobierno cuya actividad es urgente ante los acontecimientos que tiene que afrontar el frente internacional y los peliagudos asuntos internos. Pensemos en el brexit, la sentencia de los políticos catalanes y ahora, de forma inesperada, la crisis del petróleo que puede elevar el barril de Brent hasta extremos que pongan en riesgo las previsiones económicas que no habían contemplado este acontecimiento.

En cualquier país democrático consolidado, este sería el camino que habría que recorrer; y también está consagrado, como hemos dicho, en nuestra Constitución, y refrendado por el propio Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución.

A la vista de todo lo sucedido he llegado a la conclusión, que seguramente no todos comparten, de que no somos una monarquía parlamentaria sino una monarquía con Parlamento. Modelo muy diferente, que subvierte el sistema de valores y contradice la esencia de la democracia representativa, que no es otro que el reconocimiento de que la soberanía reside en el pueblo y se encarna en el Parlamento.

Escribo estas líneas hoy, miércoles 18 de septiembre, a cinco días del plazo final para la disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones, que expira el próximo día 23. Hay tiempo, escaso, para recapacitar y volver a la senda constitucional. Este debería ser el objeto de reflexión de unos políticos que piensen en el interés general durante este precario plazo. Entiendo que el tiempo apremia, pero la voluntad y la capacidad de decisión de los seres humanos que en este momento ostentan la condición de parlamentarios pueden rectificar y encontrar una vía de solución. Lo que no puede aceptarse, por situarse al margen de la Constitución, es la decisión del rey, disolviendo de facto las Cortes Generales al decidir que no propone, en contra del texto constitucional, a ningún candidato a la Presidencia del Gobierno.

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José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).


Texto publicado en:  https://ctxt.es/es/20190911/Firmas/28367/rey-constitucion-investidura-parlamento-monarquia-parlamentaria-soberania-martin-pallin.htm

Residuos 2. Conclusiones del Informe sobre Evaluación de costes de introducción de un sistema de depósito, devolución y retorno en España

Informe  realizado por Eunomia Research & Consulting Ltd 37 Queen Square Bristol BS1 4QS Reino Unido Tel.: +44 (0)117 9172250 Fax: +44 (0)8717 142942, para: Miquel Roset, Retorna

Autores:  Dr. Debbie Fletcher, Dr. Dominic Hogg, Maxine von Eye, Timothy Elliott y Leila Bendali

E.3.0 Conclusiones

Con objeto de plantear un modelo potencial de depósito, devolución y retorno en España, hemos podido examinar de cerca los costes y beneficios que puedan estar implicados en la implantación de un SDDR. Utilizando ejemplos existentes, hemos calculado que un valor de depósito de 0,20 € permitiría conseguir un índice de devolución de aproximadamente el 89% para botellas de vidrio, latas, botellas de PET y bricks que hemos incluido en el SDDR.

Suponiendo que los resultados de reciclaje existentes se mantengan para los envases que queden dentro del sistema de recogida selectiva de residuos domésticos en áreas de aportación, hemos calculado que un índice de devolución del 89% al SDDR provocaría un incremento del 59% en la recogida selectiva de envases incluidos en el SDDR, un incremento del 18% en el reciclaje global de metales, plásticos y vidrio y un incremento del 14% en el reciclaje global de todo tipo de materiales de envasado recogidos selectivamente en el conjunto del país.

El coste global anual de funcionamiento del SDDR (es decir, el monto de tasas administrativas que deberían pagar los fabricantes) se ha calculado en 243 millones de €. Suponiendo un índice de devolución del 89%, los costes se reparten entre los fabricantes, en forma de 0,013 € de tasa administrativa sobre cada envase comercializado, y los consumidores, en la medida en que éstos decidan renunciar a recuperar el depósito. 

Es importante señalar que también hemos incluido el ahorro resultante que se conseguiría en otros circuitos de gestión de residuos, en concreto en los sistemas actuales de recogida selectiva, como resultado de la introducción de un SDDR. El impacto económico neto global de la introducción de un SDDR se ha determinado como se indica a continuación:

1) Existe un coste anual neto para los productores de 120 millones de € (0,007 € por envase comercializado). Este coste refleja el equilibrio entre las tasas administrativas que paguen los fabricantes al SDDR y la reducción de los pagos que los fabricantes tendrían que realizar según el actual sistema integrado de gestión.

2) El coste que supone para el minorista la manipulación y el procesamiento de los envases devueltos al SDDR se sufraga completamente mediante las tasas de manipulación que éste recibe del sistema central por cada envase devuelto. Por ello, no existe impacto económico neto sobre los minoristas.

3) El ahorro total para los municipios/contribuyentes se estima entre 57 y 93 millones de € al año (según el coste de eliminación supuesto). Este ahorro es el resultado de la reducción de los costes de recogida y eliminación asociados al actual sistema de recogida selectiva de los residuos mezclados, a la limpieza viaria y el vaciado de papeleras y a los puntos limpios. Podría producirse un ahorro adicional al aquí presentado si los pagos realizados por los actuales sistemas de punto verde no cubren totalmente el coste de recogida (por ejemplo, si el municipio vacía los contenedores con más frecuencia de la supuesta en los cálculos realizados por los SIG para establecer las cuotas que se pagan al municipio).

4) El ahorro total para las empresas que pagan actualmente por la recogida de residuos comerciales se cifra entre 11 y 15 millones de € al año (en función del coste de eliminación supuesto). 

5) Con un índice de devolución global del 89%, el coste para el consumidor sería de 385 millones de € al año, que pagarían aquellos consumidores que prefieran no devolver sus envases al SDDR y que, de este modo, renuncien a su depósito.  

6) El impacto económico global resultante de la introducción de un SDDR en España tiene un coste neto que se cifra entre 389 y 429 millones de € al año (en función del coste de eliminación).

El coste global de la recogida de envases se traslada específicamente a los fabricantes y consumidores, por lo que la población en general dejaría de pagarlo a través del sistema municipal de recogida y tratamiento de residuos.

También hemos intentado definir los costes de inversión que estarían asociados a la implantación de un SDDR en España. Según este modelo, el coste total de establecer el SDDR central sería de 32 millones de €, más otros 1,7 millones de € adicionales para que los fabricantes adapten el etiquetado.

Estos costes de inversión no son desdeñables; sin embargo, dado el gran número de fabricantes y minoristas implicados en el mercado español, dichos costes se podrían repartir de modo que se garantizara que las cuotas de adhesión resultaran razonables y admisibles tanto para los fabricantes como para los minoristas.

A menos de un mes

Pedro Sánchez se siente mas cerca de uno que de otro ¿de cual?

El documento enviado hace unos días al PSOE por Unidas Podemos contiene un amplio conjunto de propuestas programáticas serias, acompañadas de una estructura de gobierno que deben servir como base reiniciar una negociación cuyo objetivo debe ser la existencia de un Gobierno basado en un programa de izquierdas.

Sin embargo y como cabía esperar, el PSOE en lugar de remitir una propuesta alternativa, se limita a ver "inviable" la enviada por Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición y desarrollar medidas programáticas para mejorar la vida de las clases más desfavorecidas, para luchar contra el cambio climático e iniciar, desde un gobierno que realmente se lo crea, un proceso de transición ecológica; para consolidar los derechos de las mujeres implantando la perspectiva de género en todas las políticas; para que el acceso a la vivienda sea un derecho real; para asegurar una educación, una sanidad y unos servicios sociales públicos verdaderamente universales; sin olvidar nuestro papel en Europa y en el mundo.

Y así, un  mes después de la fallida investidura de julio y un mes antes de la última oportunidad, el PSOE sigue queriendo una investidura gratis y manos libres para llevar a cabo las políticas neoliberales que siempre ha desarrollado desde que Felipe González asumió la presidencia del gobierno allá por 1982.

Pero Pedro Sánchez tiene un problema para ello y es el de que no cuenta con los  escaños suficientes para lograrlo y con quien le gustaría ir (Rivera) no quiere saber nada (por ahora) y parece, o no quiere enterarse de que con los únicos apoyos con los que puede contar para alcanzar la investidura son los de Unidas Podemos, pero para ello es necesario negociar, ceder por ambas partes hasta llegar a un punto de coincidencias –no de imposiciones mutuas- que, sin satisfacer a todos, sea suficiente para ir avanzando.

Y para ello hay que negociar y el Candidato a Presidente, principal responsable de que haya negociaciones y de alcanzar un acuerdo, aunque sea de mínimos, ha empleado todo un mes para distraer a la opinión pública con reuniones con lo que él denomina “sociedad civil”, queriendo aparecer como lo que nunca fueron ni él ni el PSOE: adalides de la participación ciudadana, la que Felipe González se cargó anulando, por ejemplo, a las Asociaciones de Vecinos, esas que jugaron un papel de primer orden en la transición.

“Sociedad civil” con la que no sólo hay que contar, si no potenciar su influencia en las decisiones políticas; pero que no dispone de un solo escaño en el Congreso y por lo tanto de la que no depende su investidura como presidente del Gobierno. Sociedad civil que por otra parte ha repetido por activa y por pasiva mil veces la necesidad de que haya un gobierno de izquierdas en base a un acuerdo programático y un gobierno de coalición.

 A este juego y a las vacaciones ha dedicado ya un mes y sigue haciéndolo; tiempo que se debería haber empleado y debe emplear en retomar contactos e iniciar nuevas negociaciones, ya fueren estas partiendo de cero, bien desde el punto en que se quedaron en el momento de la fallida investidura. Pero hacerlas y no mareando la perdiz con supuestas conversaciones con una sociedad civil que ningún voto le puede aportar en una investidura que sigue en el aire. Esfuerzos que Sánchez y sus portavoces deben emplear en negociar y no hacerlo en invectivas, tanto en los medios como en las redes, dirigidas contra sus posibles aliados con el objetivo de confundir a la opinión pública, sino también con el de crear un estado de opinión entre sus votantes, esos que le chillaban que “con Rivera NO”, de que es imposible llegar a acuerdos con los “extremistas” de Unidas Podemos.

El último ejemplo de esta actitud despectiva ha sido la contestación del gobierno en funciones a la propuesta de Unidas Podemos. ¿Se puede contestar seriamente en cuatro horas diciendo que es inviable a una propuesta de más de cien páginas? Sí quisieran negociar y no crear barreras la respuesta lógica hubiera sido algo así como que se estudiará detenidamente y haremos la nuestra.

Está más claro que el agua que la CEOE y la Banca –la verdadera “sociedad civil” de Sánchez-, ya que es imposible un gobierno de PP-Cs, quieren uno en solitario del PSOE que ponga en práctica, con ligeros retoques sociales, sus políticas neoliberales tal y como hizo Zapatero con su reforma laboral y la modificación del 135 de la Constitución, esa que nos ha impuesto que el pago de los intereses de la deuda a la Banca es, ahora constitucionalmente, anterior a los gastos en cuestiones como la sanidad la educación, la dependencia, etc…

Ese es el gobierno que quieren y ese es el gobierno que hay que evitar. Para ello, además de llevar a cabo una negociación inteligente, es necesaria una movilización social que fuerce al PSOE a aceptar un gobierno de coalición, o al menos un acuerdo programático para los próximos cuatro años.

Sólo hay cuatro opciones: gobierno de coalición, gobierno en solitario del PSOE en base a un acuerdo programático de gobernabilidad con Unidas Podemos, gobierno en solitario del PSOE sin acuerdo previo y movido por el capital neoliberal, o nuevas elecciones con el riesgo de una más que posible desafección de unos frustrados, con unos y otros, votantes de izquierdas; riesgo al que se podría añadir la aparición a escala estatal de ese lobo del capital con piel de cordero progre que es Iñigo Errejón; riesgos que podrían llevar a un gobierno del Estado similar al de la Comunidad de Madrid.

Sánchez y el PSOE tienen sus preferencias claras y la responsabilidad máxima. Le toca a Unidas Podemos –que no a Pablo Iglesias, ya está bien de personalismos- actuar inteligentemente para que forzar la mejor y más progresista salida posible a esta situación.

José Ramón Mendoza

Agosto 2019

UN RETO MUNICIPAL: LA GESTIÓN DE RESIDUOS

 Las líneas que siguen no pretenden ser, y mucho menos son medidas a implantar de manera inmediata en Hoyo de Manzanares; eso es competencia de los responsables de la gestión de nuestros residuos, del Equipo de Gobierno y del Pleno. Estas líneas sólo pretenden plantear una  reflexión sobre la necesidad de un cambio en la gestión de los residuos de nuestro municipio.

Área de Ecología

Asamblea Local de Izquierda Unida de Hoyo de Manzanares.

Queda menos de un mes para qué, con el fin de las fiestas locales, de comienzo realmente una nueva legislatura municipal encabezada por un gobierno que tiene que cambiar muchas de lo hecho en ocho años “peperos”; y una de ellas es la de la gestión de los residuos, algo que hay que cambiar en profundidad para hacerla más ecológica.

La gestión de los residuos, que es competencia municipal, es uno de los mayores problemas y, también de los de más difícil solución, a los que se enfrentan las sociedades y, por lo tanto sus administraciones de las ciudades y territorios de todo el mundo y, en nuestro caso el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

Nuestro modelo productivo, de comercialización y de consumo no sólo ha contribuido al aumento de la cantidad de las cosas que tiramos, sino que también ha creado nuevos tipos de residuos más peligrosos y contaminantes. Actualmente los residuos –en España una media de un kilogramo diario por persona- suponen un problema gravísimo no sólo para el medio ambiente sino también para nuestra salud.

La problemática de los residuos es compleja y no sólo empieza en el supermercado y termina en el vertedero o la incineradora. Todos los materiales tienen su origen en algún tipo de recurso natural, sea renovable o sea limitado, han formado parte de un proceso de producción y distribución que, a su vez, supone un consumo de energía y producción de residuos durante estos procesos. Por ello hay que actuar desde la base.

Este reto tiene que enfrentarse de forma valiente y decidida, apostando por estrategias de gestión, en gran medida diferentes a las que hasta ahora se han venido utilizando. La gestión de los residuos no puede ser una continuidad de la actual, por muchas mejoras que a la misma se le puedan introducir.

Es necesario superar las limitaciones del actual sistema de gestión de residuos, superación que debe partir del principio de que el residuo que mejor se gestiona es el que no se produce, por lo que se debe contemplar como uno de sus ejes básico el de la reducción de los mismos.

La propia Ley de Residuos Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece que: “Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación”, impulsando junto con la reutilización y el reciclado, la implantación de medidas de prevención.

Reducción, reutilización, retorno y reciclaje deben ser los cuatro pilares de la gestión de los residuos en Hoyo de Manzanares, que debe superar en su duración los cuatro años de esta legislatura.

El primer paso para la reducción es «reducir la generación de residuos»;   término genérico que se puede considerar sinónimo del de  «prevención de residuos». La reducción de residuos tiene en consideración los dos primeros conceptos jurídicos de la Directiva marco europea sobre residuos: «la prevención de residuos» y «la preparación para la reutilización»

La reutilización está íntimamente relacionada con la prevención en la producción de residuos ya que cuanto más re reutilice, menos residuos se producen; lo que aplicable de manera muy especial a la adopción de medidas centradas principalmente en la reutilización de los envases y embalajes de todo tipo.

Retorno significa que el envase vuelve a la cadena de producción, es una materia prima en condiciones de convertirse en cualquier nuevo producto, el ciclo se cierra y no hay residuos, sino recursos. El retorno manual es viable y se venía haciendo hasta hace poco tiempo y considera que promoverlo mediante descuentos en el producto similares, está teniendo muy buena acogida en otros países e incluso en ciudades españolas como Pamplona y garantiza que se reciclen y reutilicen un mayor número de envases, por ejemplo con el “Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). La única manera de superar las limitaciones de la gestión actual de residuos, especialmente los de los envases a través de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), es el establecimiento de un sistema de depósito y retorno para envases. Con un sistema de envases reutilizables, el depósito y el retorno, los costes íntegros de la gestión de los envases (llenado, distribución, recogida, almacenaje, limpiado) son asumidos por fabricantes y distribuidores.

Por otra parte, los beneficios ambientales del sistema de devolución (incremento de la calidad y cantidad de materiales recuperados, disminución de la suciedad, incremento de los envases reutilizables y reducción de residuos) son reconocidos por un creciente número de países y regiones que año tras año engrosan la lista de sistemas de depósito existentes, y es reconocido por la Comisión Europea. No sólo no hay ningún país con un sistema de depósito implantado que lo haya retirado sino que los sistemas implantados se amplían para cubrir nuevos productos. Y en todos existen pequeño comercio y grandes superficies.

Para una gestión más eficaz y sostenible de los residuos es preciso abordar su gestión desde una visión global: conseguir un cambio en los procesos productivos utilizando materiales biodegradables o más fáciles de reciclar, de mayor duración y con menor toxicidad y hacer un mayor esfuerzo en la prevención y reutilización siguiendo el principio de jerarquía antes mencionado. Es imprescindible la implantación de objetivos de reducción, reutilización y reciclaje más ambiciosos y medidas eficaces para alcanzarlos.

Las insuficientes tasas de reciclado con el contenedor amarillo tienen remedio, pero la solución no pasa sólo por más contenedores amarillos o campañas publicitarias culpabilizadoras que invocan al voluntarismo ciudadano hasta la extenuación para seleccionar bien los envases. En países como Alemania, el sistema de retorno de envases es el único que garantiza el éxito del reciclaje

Diversas ciudades en el mundo, como Canberra o San Francisco, han implementado un modelo de residuo cero

Avanzar hacia un modelo de residuo cero

Contener como principios prioritarios los de “REDUCIR”; “REUTLIZAR”; “RETORNAR” y “RECICLAR”.

Potenciar el compostaje como método para el tratamiento de una parte importante de los residuos orgánicos, especialmente de los de origen vegetal

Someter la “fracción resto”  a tratamientos de minimización y estabilización, descartándose la incineración.

Considerar la gestión de residuos como un servicio público esencial, que debe ser ofrecido por las administraciones públicas.

·         Aplicación a la generación de residuos del principio “quien contamina paga

·    Para el desarrollo de la recogida selectiva de materia orgánica, la generalización de la producción  del compost de calidad y la creación de actividad económica y empleo será necesario impulsar un conjunto de medidas, entre las cuales que se pueden señalar las siguientes:

·         Establecer un marco normativo –Ordenanza- que generalice la recogida selectiva de la materia orgánica de los residuos de competencia municipal para disminuir los impactos ambientales asociados a la gestión actual y disponer, asimismo, de un compost de calidad.

·         Establecer un objetivo municipal de recogida selectiva de la Materia Orgánica del 80% que contribuya a la reducción de los importantes impactos ambientales asociados a la gestión actual de la misma y que promueva, a su vez, la generación de empleo.

·         Es necesario priorizar el compostaje frente a otro tipo de tratamiento. Ello obedece a que entendemos que las necesidades de inversión en nuevas plantas de tratamiento deben dirigirse a la construcción de plantas de compostaje, las cuales necesitan de unas inversiones más reducidas y tienen un potencial superior para realizar un tratamiento de un mayor volumen de residuos orgánicos.

·         Establecer los mecanismos de control suficientes para garantizar la calidad del compost producido y así poder desarrollar e impulsar un mercado de comercialización del compost de calidad.

·         Prever las inversiones municipales necesarias para promover este cambio de modelo de gestión y asegurar la generación de empleo.

·         Es necesaria la adopción de medidas fiscales e inversiones que incentiven y promuevan el compostaje frente a otras modalidades de tratamiento (incineración y vertido) que llevan aparejadas importes impactos sobre la salud y el medio ambiente.

·         Incentivar, mediante medidas fiscales la supresión de envases de plástico en la venta de productos, potenciando al mismo tiempo la venta a granel y no envasada de productos alimenticios.

·         Todas estas medidas deben ser acompañadas de campañas de sensibilización ciudadana para mejorar la recogida selectiva de la materia orgánica y el autocompostaje.

Hoyo de Manzanares. La legalidad vuelve a las barras de las fiestas

La legalidad ha vuelto al sistema de adjudicación de las barras de la Plaza Mayor de las fiestas de Hoyo de Manzanares. Impulsado por el Concejal de Festejos y, tras las necesarias consultas con el Secretario municipal, se ha abierto el concurso de licitación de las barras de las fiestas, acabando así con la adjudicación a dedo del anterior Alcalde del Partido Popular.

Tal como se hizo siempre hasta que el anterior gobierno del PP y, en concreto la concejala de fiestas y actual Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, concedieran a dedo esas barras, de nuevo se licitará su concesión con precios mínimos muy bajos (antes se licitaban por 7.200€) y con unas condiciones de cumplimiento.

Luis Pastor

El Ayuntamiento de Madrid suprimió un concierto de Luis Pastor y su hijo en las fiestas de Aravaca. Es la misma derecha que vendió viviendas públicas a fondos buitres "amigos" y que ahora ensaya la censura. Por si alguien olvidó lo que es la derecha.

Luis Pastor es un cantautor extraordinario. Estuvo en Conil de la Frontera el pasado viernes 2 de agosto y dio un concierto-recital-memoria magistral. Censurarle en Madrid señala el respeto a la libertad de expresión que muestra un gobierno extremista sectario, un gobierno que da muestras de la falta de cultura y la mediocridad. 

Un gobierno formado por PP y Ciudadanos gracias al apoyo del ultraderechista, racista y homófobo VOX. 

Dime con quien te acuestas y te diré quien eres.

Luis, esperamos que algún día puedas venir, podamos traerte, a Hoyo de Manzanares, aquí le esperamos.