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| Protesta junto al Congreso durante el pleno que debate y vota el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler _____________________________- |
Quienes se excusan en la
inseguridad jurídica son cómplices de la inseguridad humana en la que viven
millones de inquilinos
Durante
este último mes se ha demostrado algo muy importante: sí se puede intervenir
para proteger a la gente frente a la crisis de la vivienda.
La
moratoria de alquileres ha evidenciado que existen herramientas eficaces cuando
hay voluntad política. Casi un millón de personas la han solicitado en apenas
unas semanas. Nadie puede decir ya que no era necesaria, ni que no había margen
institucional para actuar.
También
hay que hacer una valoración muy positiva de la organización social que se ha
desplegado alrededor de esta medida: redes de apoyo mutuo, sindicatos de
inquilinas, movimientos por el derecho a la vivienda y miles de personas
movilizadas para informar, acompañar y pelear derechos.
Hoy
la sociedad está más organizada y más fuerte que hace un mes.
Precisamente
por eso, lo ocurrido en el Congreso es una mala noticia para millones de
hogares. Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya han decidido tumbar una
medida útil, urgente y necesaria.
Una
vez más, han optado por ponerse del lado de la especulación, de los fondos
buitre y de quienes hacen negocio con un derecho básico, en lugar de proteger a
quienes destinan una parte insoportable de su salario al alquiler.
Pero
no basta con señalar a quienes han votado en contra. También ha quedado claro
que el PSOE ha arrastrado los pies durante todo este proceso y no ha estado a
la altura de la emergencia habitacional que vive nuestro país. Han faltado
convicción, firmeza y voluntad de confrontar con los intereses que bloquean
soluciones valientes.
No
hay excusas posibles. Frente a una situación excepcional, los poderes públicos
tienen la obligación de actuar. Y el argumento de que el nuevo Plan Estatal de
Vivienda basta por sí solo no se sostiene. Ampliar el parque público es
imprescindible, pero sus efectos tardan tiempo en llegar.
La
crisis exige políticas a dos velocidades: medidas estructurales a medio plazo y
respuestas urgentes e inmediatas para proteger ya a quienes no pueden esperar.
Son caminos complementarios, no excluyentes.
Es
una derrota parlamentaria, pero no una derrota social.
La
lucha por la vivienda digna ha ganado fuerza, legitimidad y organización. Se ha
demostrado que las propuestas sirven y que mejoran la vida de la gente. Ahora
toca seguir empujando dentro y fuera de las instituciones, sostener la
movilización y continuar peleando para que medidas como esta vuelvan a abrirse
paso.
Porque
cuando un derecho se conquista como necesidad colectiva, tarde o temprano acaba
imponiéndose.
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